‘Memoria democrática’ | Damián Beneyto

Se trataba, y se trata, de reescribir la historia y, de forma manquea, etiquetar a ‘buenos’ y ‘malos’ por el solo hecho de haber pertenecido a un bando u otro. Al fin y al cabo, a las nuevas generaciones, podo leídas e ilustradas en nuestra historia reciente, es muy fácil contarles los avatares de nuestra guerra civil y del franquismo, aderezándolos de exageraciones, falsedades y medias verdades.

No es tema de esta parrafada hacer un listado de la cantidad de embustes que se han contado y se cuentan sobre la segunda república, la guerra civil y el franquismo por parte del ‘rojerío patrio’ para tapar sus propias vergüenzas, pero, para muestra, diré que, como ha quedado nuevamente demostrado por la muy reciente investigación, seria y rigurosa, de los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa –«1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular». Ed. Planeta-, el gobierno salido de las elecciones de febrero de 1936 era tan ilegal como el gobierno de Burgos del general Franco. Así pues, eso de que ‘parte del ejército levantó contra el gobierno legítimo de la república’ es ‘una filfa’, pues nunca ese gobierno fue legal y menos legítimo.

Volviendo a ese afán, antes ‘zapateril’ y ahora ‘sanchista’, de reescribir la historia, la ley de marras ordena acabar con todo vestigio de símbolos franquistas en lugares públicos y de todos aquellos personajes de nuestra historia que, a juicio de diversos ‘comités de expertos’ -todos de izquierda, por supuesto- tuvieran algo que ver con los vencedores de la guerra y con la dictadura.

Y aquí comienzan las patochadas de unos enfervorizados justicieros, tan incultos como sectarios, que se lían a quitar a diestro y siniestro símbolos y nombres de calles y plazas. Es tal el fervor de esa pandilla de hijos de la Pasionaria que arramplan con todo lo que se les pone por delante y, así, se cargan un escudo de los Reyes Católicos confundiéndolo con el del franquismo o le retiran una calle a don Miguel de Cervantes, por fascista. Todo vale con tal de que se cumpla la ley del «sonatillo» Zapatero y su complementaria del inepto Sánchez.

Algunos de los que tengan la caridad de leerme, seguramente pensarán que estoy haciendo en mi parrafada una apología del franquismo, pero nada más lejos de mi intención. Lo que sí quiero dejar claro es que, durante la dictadura y especialmente desde finales de los cincuenta hasta su final, hubo muchos hombres y mujeres que desde la política o desde instituciones públicas y privadas realizaron una gran labor en pro del progreso de España y de los españoles y que merecen que la historia les recuerde.

Quitar el nombre, por ejemplo, de una calle o inmueble a un buen alcalde -don Ramón de Carranza, por ejemplo- que trabajó por su ciudad llevando infraestructuras y creando puestos de trabajo, es injusto y sectario. Lo mismo ocurre con personas relevantes en el mundo de la cultura, de la ciencia o de cualquier otra actividad si con su esfuerzo contribuyeron al desarrollo de nuestro país.

Negar que durante casi cuarenta años hubo en España ciudadanos merecedores de ser recordados, aunque no fueran beligerantes con el régimen, es un estupidez digna de la incultura, el rencor y la mala conciencia de los descendientes ideológicos del frente populismo.

¿Es que acaso no merecen ser recordados en Plasencia alcaldes como don Fernando Barona, don Julián Burgos y, sobre todo, don Juan Francisco Serrano Pino? ¿Es que en Extremadura no merece al menos un recuerdo don Rafael Cavestany de Anduaga, ministro de Agricultura y creador e iniciador del ‘Plan Badajoz’ cuyas obras hidráulicas, con una capacidad de más de 3.500 millones de metros cúbicos, han posibilitado el regadío de más de 100.000 hectáreas, amén de las centrales hidroeléctricas ?

¿Acaso no merece reconocimiento don Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo, que durante su mandato se aprobaron leyes tan importantes como la del Régimen General de la Seguridad Social o el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social entre otras? Y ya, para finalizar y no cansarles más, me referiré a otro ministro franquista al que se le ha negado el pan y la sal y que fue al que se le deben leyes de tan importante contenido social como el Seguro de Enfermedad, Higiene y Seguridad en el Trabajo, la gratificación obligatoria de Navidad, el subsidio de invalidez y otras. Me estoy refiriendo a don José Antonio Girón de Velasco.

Las represalias después de una guerra son atroces y, sin lugar a dudas, condenables. Lamentablemente, es práctica habitual en todas las guerras existentes desde que el mundo es mundo y España no iba a ser una excepción. Si los vencedores de nuestra guerra civil hubieran sido los del Frente Popular, a tenor de lo ocurrido en los países donde venció el comunismo, aquí no hubiera quedado ‘títere con cabeza’ y no les quiero contar el régimen de libertades ‘a la albanesa’ que hubiéramos tenido.

Por eso, hacer una ley dirigida, no a paliar injusticias, sino a vengar antiguas afrentas, cuando aún hay heridas abiertas en los don bandos, solo conduce al enfrentamiento y al odio. Y, lo que es peor, a que unas generaciones, que afortunadamente se han criado en libertad y democracia, tomen el relevo de la intolerancia y el rencor de sus antepasados.

Es bueno tener memoria histórica para no caer en los mismos errores. Lo que no es tan bueno es apelar a la ‘vendetta’ para intentar pasar de vencidos a vencedores cuando ya hasta los vencedores se les había olvidado que lo habían sido.

Damián Beneyto

Nota del autor

Este artículo lo debería haber titulado ‘Vendetta histórica’ que no es ni más ni menos que las pretensiones que tiene este gobierno socialcomunista, que ya padecemos algunos y que acabarán padeciendo casi todos sino lo remediamos en las urnas. Su intención es derogar la Ley de Amnistía de 1977, sin percatarse, dada su incultura secular, que esta ley no solo amnistió a los franquistas, también lo hizo con miembros de ETA, GRAPO y FRAP y con los que tenían delitos de sangre de la guerra civil y se habían exiliado, como ‘La Pasionaria’ o Santiago Carrillo, por ejemplo. Si se deroga habrá que pedir cuentas, como dice el catedrático de historia de la Universidad Complutense de Madrid, don Fernando del Rey, a dirigentes históricos anarquistas, socialistas y comunistas que tuvieron responsabilidades en la represión.