Cuando la negociación es un trato | Alberto Astorga

Se han constituido con normalidad los ayuntamientos y han tomado posesión los distintos alcaldes-presidentes de las corporaciones municipales elegidas en las recientes elecciones. Se han constituido también los parlamentos autonómicos así como el Congreso y el Senado. El ejemplo democrático que sigue la tradición y solemnidad de estos actos, nos ha dejado también una serie de sinsabores y de varios “qué se yo” difíciles de definir y que, creo, no favorecen en nada la normalidad y la tranquilidad con que estos procesos deben culminar, o solían hacerlo.

No me siento verso suelto ni voy contracorriente cuando pienso y digo que en estos días se traslada a la opinión pública un espectáculo poco digno para poder alcanzar variopintos acuerdos de gobernabilidad. Similar sucede en los que están todavía en la fragua de La Moncloa.

Estos tratos a varias bandas, en los que cada uno araña lo que puede, en el que se tira y se afloja en el regateo, nos da una imagen que no prestigia en modo alguno a sus actores. Si la nueva política significa que entre cinco, además de nacionalistas y confluencias periféricas, se repartan lo que antes se repartían dos y poco más, poco hemos avanzado y menos aun hemos ganado.

Al resquebrajado bloque de la izquierda se ha añadido ahora un resquebrajado bloque en la derecha. Las negociaciones, antes entre bloques confrontados, lo son ahora también entre partes del mismo, si bien hay piezas que quieren servir lo mismo para construir una testera que una medianera. 

Las negociaciones y los acuerdos, lejos de satisfacer las expectativas de los electores, se convierten en tema de tertulia, de chanza, de crítica a la política y los políticos y demuestran que la calidad de los que nos representan está más que cuestionada y claramente orientada al interés de la ocupación personal y del beneficio partidista. 

Asistimos a un espectáculo en el que a cada uno le interesa “su tema”. Winston Churchill lo describía a la perfección: “Algunos hombres cambian de partido por el bien de sus principios; otros cambian de principios por el bien de sus partidos”. 

A la contradicción, que ya es grave, se une también las formas. Los que reclamaban que gobernara la lista más votada, ahora alcanzan pactos para sumar más que los que han ganado. Los que antes veían legítimo unirse para sumar más que quien había ganado para poder gobernar, ahora lo critican como adulteración de la voluntad popular e incluso organizan protestas ante semejante ignominia. Los que tatuaron en su piel el “no es no”, ahora desaprueban a quienes lo enarbolan.

Los que quieren ver a VOX como partido no constitucional, se olvidan que lo mismo se puede entender de Unidas Podemos o sus heterónimos, pero ambas organizaciones, con los mismos derechos, están inscritas en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. Si no es legítimo reunirse y recabar el apoyo con uno, tampoco lo es con el otro. El embudo para los líquidos.

En aquellos acuerdos donde se han repartido el mandato o legislatura entre dos, no se ha contado –o sí- que en política las circunstancias de cada tiempo cambian y que los compromisos de alternancia deben ser cumplidos en todos los ayuntamientos. Si un solo pacto no se cumpliera, y ya intuimos que en Granada se va por ese camino, no se cumplirá ningún otro pacto. Pero, además de cumplirse, VOX, que ha aceptado ahora ser convidado de piedra porque ha hablado al menos con una de las partes, puede no querer apoyar dentro de dos años a quienes ahora les ningunea. 

Si esta práctica negociadora se ha extendido en ayuntamientos y gobiernos autonómicos, no nos olvidemos de que también sucede en el nivel superior que supone el gobierno de La Moncloa. Llegar a acuerdos conllevará hablar, tratar, negociar, dialogar entre todos, y muchos de ellos se presentan alejados del interés general y centrados en sus territorios.

Hacer depender la estabilidad del cualquier gobierno de estos grupos territoriales, afecta al equilibrio entre territorios, ya muy deteriorado después de más de 40 años de democracia en que los nacionalismos han sido y siguen siendo la muleta necesaria de los grandes partidos constitucionales.

Constantemente. Tanto, que hoy, se facilitará la investidura a la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez debido a un intercambio en el Parlamento de Navarra, por el que el Partido Socialista de Navarra cede la presidencia en aquella institución a los nacionalistas de Geroa Bai tras un acuerdo en el que también están los abertzales de Bildu. Todo un cambalache institucionalizado.

Si muchos anhelan abrir el melón constitucional, urge más legislar un nuevo régimen electoral en el que la representación sea real y los votos no tengan la validez tan dispar como tienen ahora. 

Julio Anguita ya por 1996, se quejaba de que conseguir un escaño a Izquierda Unida le costaba más del doble de votos de lo que le costaba al Partido Nacionalista Vasco, PNV. Y sigue esa misma tendencia, hasta observar que el Partido Animalista, PACMA, con el 1,25% de los votos no logra ningún diputado y el PNV, logra seis con el 1,51%.

El régimen electoral vigente es, en palabras de Óscar Alzaga, uno de sus creadores, “maquiavélico” y diseñado para consolidar un bipartidismo que se alternara en el poder, siguiendo el modelo británico. Pero la clave del sistema no está solo en la denostada Ley D`Hont, sino en la distribución de las distintas circunscripciones electorales.

Hay que abordar una reforma electoral que facilite que la decisión colectiva de los electores se traduzca en gobiernos estables y que las alcaldías no dependan de tratos y acuerdos que ruborizan a los ciudadanos. La reforma es una necesidad siempre en boca de todos, hasta que la cruda realidad hace que las intenciones se guarden para no quebrar apoyos que se hacen necesarios para mantener los gobiernos.

Somos testigos mudos, sorprendidos y abochornados de unas negociaciones postelectorales sin coherencia ideológica y sin atender a los valores y principios políticos que orientaron el voto de los ciudadanos; no se presta atención a la voluntad que se dice han manifestado los electores; no se tiene en consideración los intereses generales sino el beneficio personal, partidista o de grupo e, incluso en ocasiones, se falta a la palabra dada y al compromiso previo alcanzado, desdiciéndose de lo dicho.

Se persigue el mejor acomodo a intereses y a personas concretas, interpretando en el tono más favorable, los sutiles cantos de los votantes. Si esta es la nueva política, por favor, párenla, que me bajo.

Alberto Astorga